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La trampa se hace ley

 
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coriano2323
Ya llevo un rato


Registrado: 30 May 2011
Mensajes: 271

MensajePublicado: Jue 21-Mar-2013 14:45    Título del mensaje: La trampa se hace ley Responder citando

ANÁLISIS | LOS DERECHOS DE LAS EMPRESAS POR ENCIMA DE LOS CIUDADANOS

La trampa se hace ley

El autor explica la lógica que guía la nueva reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual tramitada con procedimiento urgente que se ha filtrado a la prensa.




El borrador del Real Decreto “medidas urgentes en materia de propiedad intelectual” se inserta en una situación legislativa, la española, que es de antemano muy peculiar. Desde que, en el siglo XVIII, la propiedad intelectual dejó de ser primariamente un instrumento de censura y control para transformarse en uno de compensación, hay una tensión entre las exigencias económicas y las sociales.

Simplificando, podemos decir que el capitalismo necesitaba un control estricto sobre la difusión de las obras, mientras el ideal de progreso de la democracia ilustrada necesitaba una difusión masiva de la cultura y de la información. Las leyes modernas de propiedad intelectual son el resultado del compromiso entre estas dos exigencias.

En EE UU, por ejemplo, la doctrina del fair use permite la copia no autorizada de obras protegidas por copyright con fines de educación e investigación, siempre que la copia no tenga ánimo de lucro. En España, la legislación es mucho más restrictiva, ya que sólo permite la copia personal (el artículo 2 del borrador reitera la prohibición de cualquier uso “colectivo”). La doctrina del fair use permite la distribución de copia, gratis y con fines educativos. La legislación española, no.

En las últimas décadas, el balance de fuerzas entre capitalismo y democracia ha cambiado en favor del capitalismo. El poder económico está dominando al poder político, y consecuentemente las leyes de propiedad intelectual están cambiando, si bien de manera distinta según la cultura de cada país. Hay que recordar, a este propósito, que a pesar de la retórica de sus defensores, la propiedad intelectual de las obras rara vez es controlada por los creadores: normalmente el copyright está en manos de las empresas de producción y distribución.

En España, nuestros liberales, que abogan por una reducción del gasto público sólo cuando se trata de reducir derechos y servicios sociales, han presionado para que el Estado les compensara por las pérdidas supuestamente causadas por las copias privadas. El gobierno Zapatero financió esta compensación con el canon digital, mientras el gobierno de Rajoy, con el Real Decreto 20/2011 de 30 de Diciembre 2011, decidió que, a partir del 1 de enero de 2012, la compensación por copia privada se abonaría con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El borrador del Real Decreto se inserta en esta situación anómala, ni democrática, ni éticamente capitalista/liberal, en que el Estado, en una crisis financiera y de recortes brutales en los servicios esenciales, paga a las empresas por pérdidas virtuales e imposibles de calcular. En esto, así como en el contenido del borrador, se confirma el régimen de excepcionalidad de la propiedad intelectual, especialmente en lo que se refiere a internet y al mundo digital.

Cada vez que presto un libro a un amigo, esto puede suponer una pérdida potencial de una venta para las librería y sin embargo todo el mundo consideraría ridículo que las librerías exigieran una compensación para estas pérdidas potenciales. El reembolso se aplica sólo en el caso de copias. Sin embargo, en el mundo digital, es difícil establecer la diferencia legal entre una copia y un préstamo, ya que toda transferencia de datos supone una copia.

Parte del borrador se ocupa de restringir el derecho de copia personal, y de reglamentar las instituciones que administran la compensación. Otra parte se ocupa del mecanismo de control.

Aquí encontramos, otra vez, el intento de transformar a los proveedores en un cuerpo de policía y de convertirlos en espías de sus clientes, una medida de limitada eficacia técnica, pero que funciona creando un clima de miedo en que cada internauta se sienta observado en cualquier momento.

Encontramos, en el borrador, una novedad pequeña pero significativa: la responsabilidad para la copia personal no autorizada de contenidos cae en los servicios que publican listas de enlaces “pues dicha actividad constituye una explotación conforme al concepto general de derecho exclusivo de explotación”.

Traducido en el mundo fuera de internet, esta norma supondría que si yo publico en un periódico una lista de libros que me gustan y de librerías donde se pueden encontrar, y si una de estas librerías no paga los derechos de autor, yo también sería responsable del delito que comete la librería.

El borrador del Real Decreto aparece como una pieza en un complejo juego de poder que intenta crear un marco legal nuevo para internet diferente de lo que resultó del compromiso entre capitalismo e ilustración. Un marco legal en que, finalmente, los derechos de las empresas tendrán la prioridad sobre los de los ciudadanos.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/saberes/la-trampa-se-hace-ley.html

Saludos
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coriano2323
Ya llevo un rato


Registrado: 30 May 2011
Mensajes: 271

MensajePublicado: Vie 22-Mar-2013 14:56    Título del mensaje: Responder citando

Ley Lasalle sobre propiedad intelectual: Así nos afectará la heredera de la Ley Sinde

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Un borrador filtrado en Internet anticipó sus principales claves: la revisión del concepto de copia privada, la criminalización del enlace y el refuerzo de la Comisión Sinde, que tendrá la potestad para cerrar páginas e imponer multas

Una nueva tormenta se cierne sobre la sociedad de la información en España. Tiene forma de ley y apellido de político, el del secretario de Estado de Cultura que la promueve. Es la Ley Lasalle, la heredera de la polémica Ley Sinde. Y, de momento, no le gusta a casi nadie.

La normativa promovida por el Gobierno del PP tapará los agujeros que dejó su controvertida predecesora y regulará el delicado campo de la propiedad intelectual que ha generado tantas filias y fobias sobre todo alrededor de las descargas de Internet.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de ley que desde hace días ha generado ríos de controversia en las redes sociales. ¿La razón? Un borrador filtrado que anticipó las principales claves de la norma: la Ley Lasalle criminaliza el enlace, refuerza la capacidad de actuación y de sanción de la Comisión de Propiedad Intelectual y convierte en policías a todos los usuarios de la Red. Se teme que pueda fomentar una fuga de empresas a sedes instaladas en el extranjero.

Concepto de «copia privada»

En primer lugar, la nueva Ley Lasalle perfila el concepto de copia legal, fijando los límites entre lo privado y lo público. Establece que estarán permitidas aquellas copias que se hagan de un soporte original, siempre y cuando este producto haya sido comprado por el usuario, se haya adquirido en propiedad, dejando fuera las copias de obras alquiladas o prestadas. Esta copia, además, deberá hacerse por medios propios, sin asistencia de terceros. Las grabaciones de contenidos que se emitan por televisión o radio solo serán legales si se hacen para disfrutarlas «en el momento oportuno», es decir, si son temporales. Guardar o almacenar de forma permanente estas copias no estará permitido.

La Comisión Sinde, la multadora

La Comisión Sinde o Comisión de Propiedad Intelectual, creada en el año 2011, cogerá fuerzas con la nueva Ley Lasalle. Contará con más poder, más capacidad de acción y más manga ancha para establecer sanciones y cerrar determinados portales. Este organismo designado por el Gobierno, que desde el primer día ha contado con el respaldo de los autores y el rechazo de los internautas, se encarga de detectar, a través de las denuncias de los usuarios, y «castigar» a las páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

Con la nueva modificación del texto se incorporan potestades a la Comisión, que, a partir de ahora, no solo «luchará» contra páginas de descargas, incluso de enlaces, sino también contra cualquier página denunciada que, a su juicio, infrinja la protección de los derechos de autor. La Comisión podrá, además de solicitar la retirada de contenidos o enlaces, cerrar dichos portales e incluso establecer sanciones económicas. Para tomar medidas tan drásticas necesitará «previa autorización judicial», dice el anteproyecto de la Ley Lasalle.

El texto reza: «Se dota a la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de las sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada (...) incluyendo la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad».

Así, la Comisión Sinde tendrá el poder de cerrar portales o asfixiarlos económicamente, tanto con multas que van desde los 30.000 a los 300.000 euros, como forzando a otros proveedores de servicios, como, por ejemplo, a las empresas de publicidad, a dejar de trabajar con estas páginas.

Enlazar también será delito

Además de aquellos sitios que directamente pongan una obra a disposición del usuario, la Ley Lasalle ampliará su ámbito de aplicación a los portales que faciliten de forma «específica y masiva» la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de manera notoria. O lo que todos conocemos como webs de enlaces.

La nueva normativa se guarda, sin embargo, de sancionar a buscadores como Google y aclara con detalle que la nueva disposición afecta a lugares que ofrecen «listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos», incluyendo las páginas en las que los enlaces son proporcionados por sus usuarios y no por el administrador de la web, a pesar de que estas obras enlazadas se encuentren alojadas en páginas extranjeras.

La diferencia de la Ley Lasalle con la Ley Sinde es que la nueva normativa incluye en el saco a cualquier intermediario que participe en el «delito», no solo a aquellos que cometan una infracción directa. A partir de ahora, pagará también el mensajero.

Los operadores y los usuarios, los nuevos policías de la Red

Otra de las modificaciones más importantes que incorpora la Ley Lasalle concierne a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en los que se incluyen operadores o empresas proveedoras de publicidad. Si los internautas ya se habían convertido en policías de la Red, con la responsabilidad de denunciar aquellos lugares que incumplieran los derechos de autor, ahora las compañías proveedoras de estos servicios se verán obligadas a señalar a los infractores.

Hasta ahora siempre se habían negado a colaborar. Sin embargo, la reforma de la Ley Sinde establece que el Gobierno podrá pedirle al juez que exija a las compañías operadoras identificar «con una dirección IP, nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar» a los usuarios que sean denunciados.

Reacciones a la Ley Lasalle

El filtrado del borrador de la Ley Lasalle provocó una gran cantidad de reacciones en la Red. La mayoría son negativas. Y provienen de sectores en teoría enfrentados. Tanto críticos furibundos de la Ley Sinde como los portavoces de las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual la rechazan. Los primeros por «limitar los derechos de los ciudadanos» al convertir en ilícitas las descargas; los segundos por no recoger «sus criterios y aspiraciones».

Estas entidades tienen también otro motivo para la queja: tras el escándalo que fulminó a la cúpula de la SGAE, la Ley Lasalle incrementa los mecanismos de control sobre ellas.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ocioycultura/2013/03/21/ley-lasalle-afectara-heredera-ley-sinde/00031363861494865211567.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&
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